La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) gastó 21 mil 793 soles en el contrato de los servicios del exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor Óscar García Toma, para interpretar la Resolución N° 080-2025 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la vacancia del alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez, la cual se volverá a discutir el jueves. Se basa en la presunta contratación irregular de Herbert Arenas para el cuidado de la mascota del burgomaestre.
Según informó la comuna, la asesoría fue contratada para realizar un análisis técnico y exhaustivo de la citada resolución del JNE, que interpreta que la municipalidad incumplió una disposición al no entregar a los concejales la documentación que les posibilitaría emitir un voto debidamente sustentado. Esta supuesta omisión, habría motivado al JNE a recomendar al Ministerio Público evaluar la conducta de los concejales, atribuyéndoles falta de diligencia, aspecto que, para la municipalidad, es un exceso en las atribuciones del órgano electoral.
El gerente municipal, Pablo Salinas, confirmó a Correo que el contrato fue hecho por el municipio y exclusivamente para la interpretación de la resolución del JNE.
Sin embargo, la regidora Mayra Sumari opinó que el informe final de García Toma no es objetivo y se acerca a una defensa del alcalde.
El informe fue remitido a los regidores a través de un oficio, “con la finalidad de que conozcan los alcances (del artículo 1 de la resolución) para fines que estime conveniente”, pero para Sumari, que este documento les llegue a escasos días de ver la vacancia “busca direccionar sus votos”. “Deben estar desesperados como para contratar a un expresidente del TC y con la plata del pueblo”, dijo la concejal.
INFORME
Cabe señalar que el documento del constitucionalista fue entregado a la MPA el 9 de marzo y considera entre las conclusiones que “La solicitud de vacancia contra el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez genera un precedente peligroso, al intentar sancionar a una autoridad sin pruebas claras de su participación en una falta. La Falta de un análisis integral del caso, por parte de la Contraloría, limita la validez de su informe como prueba determinante. La Insistencia en la vacancia, pese a la falta de pruebas contundentes, podría responder a intereses políticos más que jurídicos”.
Basándose en la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones que declara nulo el pedido de vacancia porque no se pudo comprobar que Victor Hugo Rivera tuvo participación directa en la contratación del chofer y que este proceso siguió los lineamientos regulares, García Toma considera también un informe de Contraloría que refiere lo mismo, por lo que, concluye, no hay pruebas que revisar ni que determinen la intervención del alcalde en el contrato, que es la base del pedio de vacancia.
Recomienda además que el Ministerio Público acelere el proceso para acabar con la incertidumbre respecto a la actuación de los concejales y, señala que : “En caso se consumara de manera definitiva la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de derecho a la motivación, derecho al juez imparcial, derecho a la defensa, derecho a la presunción de la inocencia y los principios de legalidad y razonabilidad, cabría la posibilidad de acudir a la vía procesal del amparo, para solicitar se deje sin efecto la medida arbitraria de vacancia” Este último punto hace pensar a Sumari que el especialista opinó a favor del alcalde.
La regidora Rocío Mango estima que el gerente Pablo Salinas cometió una intromisión al contratar un especialista, porque cada regidor debe buscar su asesoramiento legal.
Mientras que su colega, José Suárez, manifestó que el JNE hizo una mala interpretación al señalar que faltaban documentos para que los concejales emitan un voto informado, porque Secretaría General sí remitió todos los documentos y sostuvo que es exagerado elevar los actuados a la Fiscalía Superior.
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